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Si bien es cierto que la presunci\u00f3n de validez de los actos de las autoridades administrativas previsto en el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, implica que dichos actos se presumir\u00e1n legales desde su conocimiento y que su pretendida ilegalidad para surtir efectos deber\u00e1 ser declarada por una autoridad competente para ello. Tal situaci\u00f3n no significa que los actos de autoridad por el solo hecho de serlo, deban permanecer inmutables.<\/p>\n
Adem\u00e1s, porque tal principio de legalidad o validez de los actos o resoluciones administrativas, no es absoluto, sino que los sujetos agraviados por su contenido est\u00e1n en posibilidad de demostrar su ilegalidad, ante la instancia correspondiente, lo que es acorde con el principio de justicia imparcial (cuya finalidad estriba en que el juzgador emita una resoluci\u00f3n apegada a derecho sin favoritismos), por lo que, tal principio se respeta con el hecho de que ante la impugnaci\u00f3n de tales resoluciones, las autoridades deben acreditar su legalidad.<\/p>\n
Esto es, en principio, corresponde a la autoridad, demostrar la legalidad del acto o resoluci\u00f3n que emiti\u00f3; aunado a que en contra de dichas resoluciones administrativas, tambi\u00e9n el particular tiene a su alcance medios de impugnaci\u00f3n como los recursos en sede administrativa o el juicio contencioso administrativo federal regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se puede obtener la invalidez de \u00e9stas.<\/p>\n
Lo anterior implica que la presunci\u00f3n de legalidad de las resoluciones administrativas, no es un atributo absoluto, dado que tales resoluciones est\u00e1n sujetas a impugnaci\u00f3n a trav\u00e9s de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa y la autoridad que lo resuelva se encuentra constre\u00f1ida a hacerlo sin favoritismos de ning\u00fan tipo, seg\u00fan corresponda; lo que es acorde al principio de justicia imparcial.<\/p>\n
SIN QUE SEA OBST\u00c1CULO para lo expresado con anterioridad, el hecho de que durante el desarrollo de los medios de defensa que en contra de dichos actos interpongan las personas afectadas (ya sea f\u00edsicas o morales), la autoridad opositora invariablemente se\u00f1ale como argumento a su favor, \u201cque los actos y resoluciones de las autoridades se presumen legales\u201d, pretendiendo hacer creer que por ser de tal naturaleza los mismos son inmutables; porque al margen de que ello S\u00d3LO OCURRE cuando tales actos no son controvertidos, lo cierto es que dicha presunci\u00f3n no puede llegar al extremo de eximirle de la obligaci\u00f3n que tiene toda autoridad de fundar y motivar las razones conducentes que sustenten sus determinaciones, pues de acuerdo con el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendi\u00e9ndose por lo primero que ha de expresarse con precisi\u00f3n el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que tambi\u00e9n deben se\u00f1alarse, con precisi\u00f3n, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideraci\u00f3n para la emisi\u00f3n del acto.<\/p>\n
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