Incumplen con SNA Más del 90 por Ciento de Proveedoras de Gobierno - 3116 Visitas

• La firma poblana ARH Consultores realiza estudio que establece la falta de Políticas de Integridad para cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sólo 4.3 por ciento de las empresas que brindan servicios a gobiernos estatales y federales cumplen con el Sistema Nacional Anticorrupción por incluir códigos de ética en su operación, un elemento que retoma importancia no sólo por el beneficio organizacional; sino por ser parte de las Políticas de Integridad que exige la Ley de Responsabilidades Administrativas a las empresas.

Germán Reyna Y Herrero, Socio Director de ARH Consultores, explicó que el estudio denominado “Panorama del establecimiento de Políticas de Integridad para el cumplimiento del Sistema Nacional Anticorrupción” determinó un número base de los proveedores existentes, proveniente del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), el cual registra, hasta marzo de 2017, un total de 34 mil 437 empresas proveedoras de gobierno.

Los datos reflejan lo siguiente: el Estado con mayor número de proveedores es Jalisco con 4,416, seguido de Veracruz con 3,598. El tercer lugar lo ocupa Ciudad de México con 3,586, Cuarto lugar Tamaulipas con 2,546, Quinto Lugar Tabasco con 2,513, Sexto lugar Chihuahua con 2,082, Séptimo lugar Coahuila con 2,050, Octavo lugar, Chiapas con 1,464, Noveno lugar Estado de México con 1,317, y Décimo lugar Puebla con 903.

Tabla de empresas SIEM

ESTADO	PROVEEDORES DE GOBIERNO
	SI	NO
Aguascalientes	203	2,560
Baja California	398	7,632
Baja California Sur	126	11,885
Campeche	639	8,368
Coahuila	2,050	12,805
Colima	179	1,778
Chiapas	1,464	2,639
Chihuahua	2,082	30,231
Ciudad de México	3,586	82,570
Durango	481	9,611
Guanajuato	1,178	28,809
Guerrero	896	2,328
Hidalgo	575	11,161
Jalisco	4,416	48,752
Estado de México	1,317	53,952
Michoacán	827	57,870
Morelos	125	1,617
Nayarit	135	8,917
Nuevo León	686	28,491
Oaxaca	273	4,410
Puebla	903	21,824
Querétaro	446	21,241
Quintana Roo	663	20,698
San Luis Potosí	261	9,200
Sinaloa	688	20,071
Sonora	255	5,914
Tabasco	2,513	5,287
Tamaulipas	2,546	25,748
Tlaxcala	129	11,922
Veracruz	3,598	55,556
Yucatán	541	32,257
Zacatecas	258	15,790
TOTAL PARCIAL	34,437	661,894
TOTAL	696,331

 En este sentido, para dimensionar el porcentaje de empresas que cumplen con al menos un elemento de la política de integridad que marca la Ley antes citada; el análisis tomó en cuenta los datos del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), institución avalada para otorgar el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), el cual requiere que las empresas cuenten con un decálogo que incluye el siguiente punto:

2. Hacer públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción y se desempeña con base a un código de ética.

De esta forma, el CEMEFI conglomera a un total de mil 491 empresas con el distintito ESR, las cuales cumplen con uno de los elementos de la Política de Integridad requerida por el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas: el código de ética.

Estableciéndose así, que sólo el 4.3 por ciento de las empresas están en conformidad con el artículo mencionado, el cual indica que ” la responsabilidad de las personas morales se valorará si cuentan con una “Política de Integridad”; es decir, se tomará en cuenta si la persona moral tiene implementado un sistema integral de ética e integridad”.

Política de Integridad y Sanciones

Reyna Y Herrero mencionó que los elementos que constituyen la Política de Integridad que refiere la Ley citada son: Manual de Organización y Procedimientos, Código de Conducta, Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, Sistemas adecuados de denuncia, Sistemas y Procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, Política de Recursos Humanos, Mecanismos de transparencia.

Y definió que la Política de Integridad es la creación y transmisión de valores desde la alta dirección hacia todos los niveles de la organización, incluyendo el consejo de administración, el comité directivo y la alta gerencia.

Sobre las faltas administrativas que se consideran graves e imputables a particulares son: el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex funcionarios públicos.

De esta forma, el Socio Director de ARH Consultores exhorta a los gobiernos estatales a apresurarse en incluir como requisito de afiliarse a sus padrones de proveedores, el incluir Políticas de Integridad “sobre todo en un contexto en el que el combate a la corrupción es una de las máximas gubernamentales”, finalizó.