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En el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos para 2021, hay varias “novedades” que son necesarias comentar y analizar dado que no todo son las modificaciones de ISR, IVA, IESPS y Código Fiscal de la Federación (CFF) dentro del Paquete Económico 2021.
Los Derechos se definen (de acuerdo con el art. 2 del CFF) en “contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público” o sea, por los servicios que cobra el Estado por alguna actividad (administrativa, por ejemplo) o por la explotación de algún bien público. Ahora bien, entre los cambios que se proponen destacan los siguientes:
• Servicios aduaneros: se establece el cobro por los derechos que se generen con relación a las autorizaciones de agencias aduanales y de los mandatarios de las citadas agencias aduanales, así como otros servicios vinculados a éstas; por ejemplo: la expedición de la autorización de agencia aduanal por $59,090.69 (Art. 51-VII Propuesta LFD). También una “homologación” por los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior.
• NOM y Control de calidad: derivado de la nueva Ley de Infraestructura de Calidad publicada a mitad del año y por el TMEC, dirigido al etiquetado de productos; se propone el cobro por la recepción y estudio de la solicitud, dictamen y, en su caso, la autorización de prórroga de etiquetado por Inexactitud de Datos: 73-H $9,567.65, 73-I $9,303.33 y 73-J $9,799.47.
• Servicios de certificación: aclaración debido a la definición de los prestadores de servicios de certificación en el Código de Comercio (firmas electrónicas, certificados digitales).
• Servicios marítimos: por la implementación de las nuevas atribuciones conferidas a la Secretaría de Marina en materia de servicios marítimos, donde se ajusta, por ejemplo, el costo del servicio por la expedición, reposición o modificación del certificado de matrícula cuando se trate de ciertas embarcaciones. Así como otras modificaciones en el pago de derechos por diversos servicios que en la actualidad presta la Secretaría de Marina y la incorporación de nuevos cobros.
• Espectro radioeléctrico: por la actualización del costo de las bandas de 814 a 824 MHz, 824 a 849 MHz, 859 a 869 MHz y 869-894 MHz del espectro radioeléctrico para prestar servicios móviles, así como lo referente a la tecnología 5G y la Banda “C” (de 3300 MHz a 3400 MHz y 3400 MHz a 3600 MHz). Por lo que es posible un incremento en los precios de los servicios de telefonía e internet móviles para el 2021 por un probable traspaso de costos hacia los consumidores.
Sobre este último punto, en la exposición de motivos señala que lo que se busca es que “permitirá reflejar el verdadero valor de dicho bien de dominio público de la Nación de conformidad con las referencias internacionales” así como menciona: “las cuotas de los derechos que se cobran en México por estas bandas” y “se considera que el esquema de cobro de los derechos de estos segmentos de bandas ha quedado rezagado y no reflejan la política de cobro por el uso y explotación del espectro radioeléctrico que se ha venido aplicando en los últimos años, para que sea consistente e integral acorde con los principios de equidad por su uso, goce, explotación y aprovechamiento de frecuencias, se encuentran por debajo de sus referencias internacionales”, buscando que se refleje el correcto cobro en este derecho. Tal situación podría originar un aumento en las tarifas de telefonía celular e internet; se tendrá que evaluar la actualización del costo del espectro para su impacto en el precio al consumidor.
Lógicamente que de la inclusión del 5G debe tener un impacto distinto, porque, de ser muy elevado, podría desincentivar a las empresas en telecomunicaciones ¿Quién sería el beneficiado de lo anterior? y ¿Quiénes absorberían tales costos? Recordemos que el gasto familiar destinado a celulares, tecnologías, etc. ha ido aumentando y redireccionando de otros gastos para poder obtener estos servicios tecnológicos, por lo que podríamos estar ante un derecho de demanda inelástica forzosa (si lo quieres, paga). Veremos que opinan los expertos en estos temas de comunicaciones.
Existen otras como derechos por servicios de migración, no pagos por publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), un 30% adicional a la expedición de pasaportes cuando sean de emergencia, servicios forestales (actualizaciones al tema), PROFEPA en temas de certificación de vehículos nuevos y el auditor ambiental, reforma integral al tema de áreas naturales protegidas (marinas e insulares, terrestres, y las restantes), inclusión la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, que se incluya en la Ley Federal de Derechos a los municipios de San Rafael y Bacalar, en los Estados de Veracruz y Quintana Roo, en las Zonas III y VIII del artículo 232-D de dicho ordenamiento, cuerpos de aguas residuales, etc.
Finalmente esperaremos como queda aprobada esta iniciativa a la Ley Federal de Derechos para el 2021.
